Vivienda

Destinar suelo de titularidad pública a la promoción de vivienda en alquiler asequible.

Aprobar un plan estratégico para impulsar la vivienda rural en zonas de reto demográfico.

Impulsar la construcción de viviendas sociales públicas en propiedad o en alquiler con opción a compra para jóvenes y familias.

Impulsar una iniciativa pública de construcción de vivienda nueva y de compra y reforma de viviendas en desuso para destinarlas al alquiler.

Regular y diversificar los contratos de arrendamiento según cada situación, en especial los alquileres temporales usados como primera vivienda.

Acabar con la expropiación temporal de inmuebles y con el control de rentas en los alquileres aplicados por algunas regiones.

Establecer un pago mensual a cuenta en el IRPF del 0,1% de los ingresos por alquileres para conocer la evolución de los precios del alquiler.

Consolidar el Bono Alquiler Joven para facilitar el acceso al alquiler asequible.

Extender a toda España la deducción en el IRPF por costes de alquiler para todos los inquilinos con contrato.

Incrementar las ayudas al alquiler, mejorar la gestión del bono de alquiler joven para garantizar el pago mensual y crear un bono de ayuda a los hipotecados.

Crear un programa de avales para jóvenes de hasta 35 años que permita obtener hipotecas de hasta el 95% del precio de la vivienda.

Ampliar a rentas de hasta 37.800 euros el acceso a las ayudas hipotecarias: ampliación del plazo hasta 7 años y congelación de la cuota un año.

Eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda habitual.

Crear un bono de 1.000 € para hogares con hipoteca variable de vivienda habitual firmada en los últimos 10 años, de hasta 250.000 € y precio hasta 300.000 €, financiado con el impuesto a la banca.

Aprobar una ley de seguridad jurídica en urbanismo para que los planes urbanísticos se mantengan aunque se impugnen aspectos no estructurales.

Establecer con los ayuntamientos fórmulas para promover viviendas en suelos dotacionales públicos cuando se consideren un refuerzo ante necesidades de vivienda de una zona.

Liberar todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido e impulsar una nueva Ley del Suelo que libere suelo retenido por ayuntamientos y comunidades autónomas.

Modificar la Ley del Suelo, en coordinación con comunidades y entidades locales, para promover ciudades más compactas con espacios naturales, dotaciones y servicios en cada barrio.

Impulsar oficinas técnicas municipales contra la ocupación ilegal con asesoría jurídica a vecinos, teléfono de atención 24 horas y ventanilla única de tramitación.

Impulsar una reforma legal para garantizar el desalojo de ocupantes ilegales de viviendas en un plazo máximo de 48 horas.

Crear un registro de zonas afectadas por la ocupación ilegal, hacer seguimiento de todos los casos y asistir de forma integral a sus víctimas.

Modificar la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar que personas con discapacidad o mayores hagan las obras de accesibilidad que necesiten.

Fomentar los programas de rehabilitación y eficiencia energética de viviendas en pequeños municipios.

Crear un fondo de recuperación de barrios, dentro de una nueva ley, para la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas.

Establecer acuerdos entre entidades bancarias y administraciones para movilizar viviendas vacías y destinarlas a uso social.

Aumentar los beneficios fiscales a las rentas del alquiler para que los propietarios alquilen sus viviendas vacías.

Impulsar un registro de viviendas vacías en coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Derogar la ley de vivienda vigente.

Derogar la Ley por el derecho a la vivienda.

Modificar la Ley de Vivienda para incluir el alquiler social obligatorio para grandes tenedores, la dación en pago y la regulación de los precios del alquiler, entre otras medidas.

Favorecer más recursos residenciales para mayores, como viviendas compartidas o viviendas con servicios comunes de apoyo y cuidado.

Regular modalidades residenciales como el cohousing, los apartamentos dotacionales, la vivienda intergeneracional y las cooperativas de cesión de uso.

Crear un marco normativo que favorezca las Asociaciones de Vivienda, entidades sin ánimo de lucro o de lucro limitado que gestionan y proveen vivienda asequible.

Desarrollar la Estrategia Nacional contra el sinhogarismo 2023-2030 con el objetivo de erradicar el sinhogarismo de calle en 2030.

Garantizar la financiación y desplegar la Estrategia Nacional para la lucha contra el sinhogarismo 2023-2030, centrada en el derecho a la vivienda.

Establecer la llamada «prioridad nacional» (preferencia para los españoles) en las ayudas sociales y en los programas de acceso a la vivienda.

Adoptar medidas fiscales que condicionen los beneficios en el impuesto de sociedades de SOCIMIS y fondos inmobiliarios al valor social de sus proyectos.