Justicia y seguridad

Aprobar un plan de choque para descongestionar los juzgados y fiscalías colapsados.

Continuar el Plan de Justicia 2030 para un servicio público de Justicia accesible, eficiente y sostenible.

Desarrollar un sistema de gestión procesal único en toda España que garantice la interoperabilidad entre juzgados, mientras la competencia de Justicia no vuelva al Estado.

Potenciar las medidas digitales del plan Justicia 2030 con ingenieros informáticos y una justicia digital preferentemente de código abierto y de libre acceso.

Reforzar la presencia policial en zonas de ocio y puntos negros de las ciudades, con videovigilancia y patrullaje inteligente.

Actualizar la regulación de la seguridad privada para adaptarla a la digitalización y la IA, respetando los derechos de sus trabajadores.

Acabar, con las entidades locales, con las cocinas fantasma en zonas residenciales que incumplan la normativa.

Crear por ley un marco de colaboración entre administraciones y de participación ciudadana para la seguridad local, también en el ámbito comarcal de la España rural.

Revisar el Código Penal para mejorar la regulación de los delitos y la proporcionalidad de las penas y adecuarlo a la realidad social.

Promover la reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para un proceso penal y una investigación más modernos, garantistas y ágiles.

Agravar las penas por ofensas y ultrajes a España y a sus símbolos.

Crear una unidad de la fiscalía especializada en delitos contra los derechos de los trabajadores y modificar esos delitos para facilitar su persecución.

Extender el turno de oficio y la justicia gratuita a las personas jurídicas e indemnizar siempre las actuaciones de los profesionales de oficio.

Reforzar la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, con atención a mayores, menores, personas con discapacidad, víctimas e inmigrantes.

Garantizar la fuerza vinculante de los dictámenes de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, en particular del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Aumentar en 1.000 plazas la plantilla de jueces y fiscales durante la legislatura.

Aumentar el número de jueces y fiscales para acercarse a la ratio de la Unión Europea por habitante.

Reforzar las plantillas de jueces, letrados de la Administración de justicia, personal de gestión y tramitación y profesionales como psicólogos o trabajadores sociales.

Derogar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, según el programa, impide hoy el funcionamiento normal del Consejo General del Poder Judicial.

Defender la supresión de los aforamientos de los cargos públicos en los casos ajenos al ejercicio de su cargo.

Trabajar por integrar el Tribunal Constitucional en una Sala Sexta del Tribunal Supremo y, entretanto, reformar su ley orgánica para fijarle un plazo máximo de tres meses para resolver.

Hacer de los Tribunales Superiores de Justicia la última instancia judicial de cada comunidad, salvo la unificación de doctrina del Supremo.

Aumentar el número de efectivos de la UME especializados en la intervención y control de incendios.

Desplegar más agentes y reforzar las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en cada comarca y pueblo.

Aumentar los efectivos y los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger Ceuta y Melilla.

Reconocer el derecho de libertad sindical a los miembros de la Guardia Civil.

Avanzar en la adaptación de la justicia a los casos de violencia contra la infancia mediante la especialización de juzgados.

Desarrollar con las comunidades autónomas un plan nacional de 'casas de niños' (Barnahus) para atender a menores víctimas de violencia y abuso sexual.

Identificar a los violadores que han salido en libertad y adoptar medidas para proteger a las mujeres.

Crear una fiscalía y juzgados especializados en violencia contra la infancia.

Usar todos los medios del Estado de derecho para investigar los 379 crímenes de ETA sin resolver.

Cerrar las mezquitas o centros de culto que difundan ideas que el programa ve contrarias a la cultura e identidad españolas, como el radicalismo islámico, la yihad o el menosprecio a la mujer.

Reformar la Ley General Penitenciaria para considerar a los funcionarios de prisiones agentes de la autoridad y mejorar sus condiciones laborales.

Reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad y dotarles, junto a FFAA y FCSE, de formación, medios y amparo legal.

Reforzar los equipos técnicos de la justicia de menores y controlar en los centros el cumplimiento de las medidas.