Inmigración

Reforzar medios, tecnología y coordinación de Policía Nacional y Guardia Civil en la gestión de fronteras y el papel de la Autoridad Nacional de Coordinación.

Crear un Mando Integrado de Gestión de las Fronteras y desplegar al ejército en las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias.

Tipificar como delito la devolución sumaria en frontera y eliminar la disposición de la Ley de Extranjería que la permite.

Elaborar un plan para acelerar el reconocimiento de títulos profesionales habilitantes obtenidos en otros países, como los de médicos o ingenieros.

Habilitar mejores vías de migración regular y ordenada para facilitar la inserción social y laboral, y fomentar convenios de migración circular.

Dar prioridad en la política de inmigración a los ciudadanos de países que comparten idioma, historia y cultura con España.

Promover acuerdos bilaterales para incorporar trabajadores de terceros países a la flota pesquera española, ante la imposibilidad de reconocer sus títulos de pesca.

Reforzar las capacidades de la Oficina de Asilo y Refugio.

Permitir solicitar asilo en consulados y embajadas de España, de forma presencial o virtual, con acceso físico o un espacio seguro para los solicitantes.

Activar programas de integración de población inmigrante y refugiada en el medio rural.

Impulsar una ley integral contra el racismo para prevenir y, en su caso, denunciar, sancionar y reparar la discriminación racial y el racismo institucional y estructural.

Adoptar una estrategia nacional de protección e inclusión de menores migrantes no acompañados y reformar el procedimiento de determinación de edad.

Revisar la legislación, los protocolos y los acuerdos con otros países para hacer efectiva la repatriación de los menores extranjeros con sus padres.

Promulgar una carta para la protección del menor no acompañado.

Mantener el derecho de opción a la nacionalidad española de los descendientes de españoles mediante una ley de nacionalidad de los nietos reformada.

Agilizar el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española mediante nuevas tecnologías, reduciendo plazos y trámites.

Reformar la normativa de nacionalidad para ampliar los supuestos de pérdida y exigir integración comprobable, ausencia de antecedentes y dominio del español.

Agilizar las órdenes de retorno de inmigrantes irregulares y la expulsión de quienes hayan cometido delitos mediante acuerdos con países de origen o tránsito.

Expulsar a los inmigrantes en situación regular que cometan delitos graves o reiterados delitos leves, procurando que cumplan la pena en su país de origen.

Cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en todo el territorio nacional.

Impulsar el Pacto Europeo de Migración y Asilo y una política común europea ante las crisis migratorias en el Mediterráneo.

Reforzar el trabajo con las instituciones de la Unión Europea, en particular con la Agencia de Asilo (EUAA).

Pedir a la UE plataformas de desembarco fuera de Europa para evaluar el asilo, repartir solo a quienes tengan derecho y gestionar el retorno.

Impulsar un nuevo pacto europeo de migración y asilo con corredores humanitarios y un mecanismo de reasentamiento vinculante y permanente.

Crear una red de equipos conjuntos de investigación en materia migratoria con países africanos, siguiendo el modelo del equipo en Níger.

Consolidar la colaboración con ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones.

Promover sanciones a los Estados que impulsen llegadas masivas de inmigrantes o las usen como arma diplomática.

Aplicar la Ley de Transparencia a todos los acuerdos migratorios con terceros países.

Impulsar una estrategia para desmantelar en los países de origen las mafias que trafican con personas.

Endurecer las penas contra las mafias de la inmigración irregular y contra quienes colaboren con ellas, sean ONG, empresas o particulares.

Simplificar los procedimientos de la gestión migratoria y acelerar el cambio de modelo de las oficinas de extranjería.

Estandarizar, digitalizar, agilizar y simplificar los trámites consulares y de extranjería, manteniendo la atención presencial y telemática.

Impedir que los inmigrantes en situación irregular se empadronen y accedan con ello a beneficios y ayudas.

Ampliar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital a las personas migrantes en situación irregular, en especial a las familias con hijos a cargo.