Ciencia y digitalización

Impulsar la aprobación del reglamento europeo de inteligencia artificial dentro de la actual legislatura europea.

Apoyar mecanismos europeos de supervisión de algoritmos e impulsar una Agencia Internacional de Regulación de la Inteligencia Artificial.

Crear una agencia pública de auditoría de algoritmos e inteligencia artificial.

Aumentar la inversión en I+D+i durante la legislatura según lo previsto en la Ley de la Ciencia y reforzar la transferencia de conocimiento a las empresas.

Implantar un plan específico de I+D+i para el desarrollo de la aviación sostenible.

Mejorar los incentivos fiscales para las pymes que inviertan en I+D.

Aumentar la inversión pública y privada en I+D+i hasta el 2,1% del PIB.

Crear un programa para incorporar investigadores de excelencia a las universidades con convalidación automática de títulos y experiencia.

Realizar un plan de talento en microelectrónica que atraiga talento emigrado, refuerce la formación media y universitaria e incorpore figuras internacionales.

Diseñar una carrera investigadora integral con contratación estable que tenga en cuenta todas las etapas de la investigación.

Dotar al Comité Español de Ética en la Investigación de independencia y medios para su trabajo sobre ética e integridad científica.

Crear un Consejo Ciudadano de Ciencia paritario que fije prioridades de I+D+I y regule la introducción de tecnologías disruptivas.

Reforzar el Proyecto Tractor 7 para divulgar la ciencia en español con la FECYT y la agencia SINC, junto a un programa de incentivos fiscales del Año Cajal.

Potenciar la ciencia y los datos abiertos en repositorios públicos apoyados por universidades e instituciones científicas.

Seguir impulsando proyectos en tecnologías como la computación cuántica, las neurotecnologías, la inteligencia artificial o el diseño y fabricación de semiconductores.

Promover un pacto nacional de innovación tecnológica.

Invertir en infraestructuras que favorezcan el despliegue del 5G en las vías de alta capacidad y la implantación de puntos de recarga.

Impulsar el despliegue del 5G en todo el territorio y la investigación en tecnología 6G.

Definir por ley Internet como servicio universal gratuito, con neutralidad de la red y una velocidad mínima de conexión garantizada.

Avanzar en la creación de un único punto electrónico común para que ciudadanos y empresas se comuniquen con las distintas administraciones públicas.

Avanzar en modelos de identidad digital que permitan acreditarse y firmar desde dispositivos móviles.

Impulsar una carpeta personal para que cada ciudadano gestione sus relaciones con todas las administraciones, con atención prioritaria a quienes tienen más dificultades con las nuevas tecnologías.

Impulsar Laboratorios de Innovación Pública y una agencia pública para la transición digital que controle el uso de datos masivos, algoritmos e IA en la Administración.

Impulsar que los trabajadores sociales que atienden a personas vulnerables o mayores las formen y asistan en el uso de herramientas digitales.

Completar los planes de formación digital del programa «Generación D» para que toda la población, incluidos los mayores de 65 años, acceda a servicios digitales.

Diseñar una estrategia contra las brechas digitales territorial, económica y de habilidades, con mecanismos para las zonas rurales.

Impulsar la aplicación de la Carta de Derechos Digitales en la relación entre la ciudadanía y la Administración, incluida la reutilización de datos públicos.

Promover en la ONU una Agencia Internacional de Seguridad y Derechos Digitales con sede en España.

Crear una pasarela de datos con peaje obligatorio para las grandes tecnológicas extranjeras que saquen datos obtenidos en España, con pago a cada particular.

Desarrollar en normas la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales y proteger los derechos laborales en la economía digital.

Dar a los padres herramientas para consentir de forma expresa el acceso de sus hijos menores a redes sociales.

Regular el uso de redes sociales por menores mediante colaboración público-privada para combatir la desinformación y los contenidos no adecuados a su edad.

Crear programas específicos de prevención y atención del uso, abuso y adicción a las nuevas tecnologías, los videojuegos y las redes sociales en niños y jóvenes.

Promover que el Estado (CENATIC) cree una base de datos pública de aplicaciones y herramientas de software libre.