Campo y medio rural

Promover el consumo de productos del mar y ampliar las líneas de diversificación de los Grupos de Acción Local de Pesca dentro de una Estrategia Nacional de Economía Azul.

Desarrollar la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera.

Incorporar a los pescadores a los proyectos de eólica marina que puedan afectar a los recursos pesqueros y caladeros.

Fomentar, mediante información a consumidores y restauración, que se consuman menos especies con alta huella de carbono.

Impulsar la integración de los productores en cooperativas y organizaciones de productores y su aumento de tamaño para comercializar de forma conjunta.

Impulsar la integración de cooperativas apoyando inversiones en Entidades Asociativas Prioritarias y fomentando su reconocimiento.

Aplicar estrictamente el principio de preferencia comunitaria y revisar los acuerdos de libre comercio con terceros países.

Potenciar las organizaciones comerciales de productores y sus asociaciones amparadas por la excepción europea al derecho de la competencia.

Mejorar, a partir de un proyecto piloto, la fiscalidad en el medio rural para quienes abran un negocio o una industria o compren, vendan o permuten tierras.

Facilitar con incentivos regionales y programas operativos la instalación de empresas que creen empleo en el medio rural y en zonas de baja densidad.

Dar incentivos fiscales y laborales a las empresas situadas en zonas poco pobladas o especialmente vulnerables, como el Campo de Gibraltar.

Dar ayudas específicas a autónomos que se establezcan y desarrollen su actividad en zonas con riesgo de despoblación o población envejecida.

Facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria simplificando trámites, anticipando ayudas y reduciendo la fiscalidad durante un periodo inicial.

Impulsar y modernizar el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA).

Promover Centros Formativos Especiales adaptados al sector primario de cada región para atender las necesidades del mundo rural.

Bonificar las cuotas a la Seguridad Social de las mujeres contratadas por iniciativas empresariales rurales.

Trabajar para racionalizar los objetivos y flexibilizar el calendario del Pacto Verde Europeo y de la estrategia europea «De la Granja a la Mesa».

Potenciar el uso de energías renovables en el sector primario para mejorar la eficiencia energética y abaratar la factura eléctrica.

Retirar toda ayuda y subvención pública a las organizaciones ecologistas que ataquen al sector primario, sus productos y el modo de vida tradicional.

Fomentar las renovables y la eficiencia energética en la maquinaria y las construcciones agrícolas.

Revisar el Plan Estratégico de la PAC para mejorar la viabilidad y la financiación de las explotaciones agrícolas y ganaderas y evitar más burocracia.

Mantener y reforzar la financiación del sector agrario mediante préstamos bonificados y ayudas para avales.

Rebajar los impuestos a las nuevas explotaciones agrarias y a las heredadas.

Defender en la negociación de la PAC priorizar las explotaciones familiares, eliminar los derechos históricos y facilitar la transición agroecológica.

Impulsar un programa de excelencia alimentaria que refuerce la calidad, las denominaciones de origen, la protección del consumidor y la promoción en mercados exteriores.

Retomar la Ley contra el Desperdicio Alimentario en el punto en que se encontraba en las Cortes.

Aprobar una ley contra el despilfarro alimentario que afecte a toda la cadena de producción alimentaria.

Excluir las poblaciones de lobo al norte del Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para permitir su control.

Incrementar las indemnizaciones por sacrificio obligatorio e impulsar la investigación y el desarrollo de vacunas para enfermedades como la tuberculosis bovina.

Aprobar un Plan Nacional del Lobo con mecanismos de control para su conservación y el equilibrio con el hombre, y excluir al lobo del Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial.

Reforzar los controles y estándares ambientales y sociales de las grandes explotaciones ganaderas.

Apoyar la recuperación del territorio afectado por incendios forestales con actividad agroganadera sostenible, silvicultura preventiva y diversificación de especies arbóreas.

Impulsar una ley de montes de socios para favorecer el buen estado de los montes de pequeños propietarios.

Promover una gestión forestal multifuncional y priorizar la reforestación con especies autóctonas.

Destinar fondos europeos a construir y mejorar infraestructuras prioritarias en el medio rural, como la conectividad, para evitar que los pueblos queden incomunicados.

Aprobar una cartera de servicios básicos accesibles a menos de 30 minutos del lugar de residencia.

Regular, de acuerdo con las comunidades autónomas, unos servicios bancarios mínimos por territorio para asegurar el acceso de todas las personas del país.

Proteger los suelos fértiles, las zonas pesqueras y las de valor paisajístico, y trasladar los posibles proyectos que les afecten a suelos infértiles o sin ese valor.

Defender que el Estado asuma un papel activo en el mercado de tierras agrarias para protegerlas de la especulación, siguiendo el ejemplo de la SAFER francesa.