Asalariado

Actualizar el salario mínimo interprofesional mediante el diálogo social, con participación de sindicatos, empresarios y expertos.

Fijar en el Estatuto de los Trabajadores que el salario mínimo interprofesional se ajuste al 60% del salario medio.

Prohibir las acciones coactivas en las huelgas políticas.

Subir el salario mínimo interprofesional por encima del IPC anual.

Reforzar la contributividad del sistema y facilitar que todos los trabajadores consulten la estimación de su pensión futura.

Impulsar la creación de fondos de pensiones de empleo como segundo pilar de ahorro para la jubilación en el ámbito laboral.

Ajustar la tarifa del IRPF para corregir los efectos de la inflación.

Reducir de forma progresiva el IRPF hasta un tipo del 15% para bases inferiores a 70.000 euros y del 25% por encima, con exención de 22.000 euros anuales de rentas del trabajo.

Reformar el Estatuto Marco del personal sanitario para reconocer jornadas y horarios racionales y previsibles que permitan la conciliación.

Formar cada año a 3 millones de personas en FP: 1,4 millones de jóvenes en el sistema educativo y 1,6 millones de trabajadores ocupados o desempleados.

Ampliar, en el diálogo social, la parte voluntaria de los permisos de familias monoparentales y abordar la regulación de un permiso de cuatro meses para padres con hijos de hasta ocho años.

Extender la prestación por nacimiento y cuidado hasta 20 semanas, con trabajo a tiempo parcial de los progenitores a partir de la semana 16.

Remunerar y ampliar a diez semanas el permiso parental, remunerar el de cinco días por cuidado de familiares y ampliar a 32 semanas la baja por maternidad en familias monomarentales.

Crear la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación en la Inspección de Trabajo.

Eliminar las cuotas de género, los planes de igualdad y otras diferencias laborales por sexo u orientación, y aplicar políticas contra la brecha maternal.

Reforzar el poder negociador de las mujeres con más transparencia y publicidad de los salarios por tipo de empleo y características de las personas trabajadoras.

Alcanzar la equiparación real en salario y una jubilación calificada de «justa» para Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y policías autonómicas y locales.

Crear una unidad de la fiscalía especializada en delitos contra los derechos de los trabajadores y modificar esos delitos para facilitar su persecución.

Equiparar el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos al de los trabajadores del sector privado.

Promover un mecanismo SURE climático, una herramienta financiera europea para proteger el empleo y a los trabajadores en la transición ecológica.

Hacer permanente la reducción del precio de los abonos de transporte para desplazamientos recurrentes, cofinanciada con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Dar beneficios fiscales o incentivos económicos a los empleados públicos que trabajen y residan en zonas rurales al menos cinco años.

Promover horarios flexibles que permitan incorporar programas de actividad física a la jornada laboral.