Políticas sociales

Hacer el Ingreso Mínimo Vital más compatible con el empleo y condicionar su cobro a participar en itinerarios de inserción laboral.

Promover una normativa marco sobre ingresos mínimos que cubra a todas las personas mayores de 18 años.

Impulsar que las rentas mínimas autonómicas complementen el Ingreso Mínimo Vital para que las prestaciones cubran el umbral de pobreza fijado por la UE.

Promover la integración de la comunidad gitana con programas contra los estereotipos y de inclusión sociolaboral.

Mantener ayudas directas focalizadas a las familias más vulnerables frente a la subida de alimentos y tipos de interés.

Impulsar una red nacional de albergues y comedores sociales para las personas más necesitadas.

Automatizar las transferencias sociales monetarias para agilizar su pago y evitar trámites.

Promover refuerzos en los sistemas de atención en el hogar para que quienes lo deseen sigan viviendo en su domicilio el mayor tiempo posible.

Aumentar la oferta de centros de día y de cuidados de larga duración, vinculándola a la Estrategia estatal contra la soledad no deseada.

Reforzar las partidas a la dependencia, las ayudas al cuidado en el hogar y a familiares a cargo, y aumentar las plazas en residencias y los programas contra la soledad no deseada.

Rediseñar los copagos de la dependencia con criterios redistributivos para que la atención no dependa de los ingresos.

Avanzar hacia un modelo de residencias, públicas y privadas, parecido a un hogar, con unidades de convivencia más pequeñas y un profesional de referencia.

Revisar las normas de las residencias de mayores para exigir calidad asistencial, ratios suficientes de personal y un proyecto sociosanitario.

Reformular los programas de Turismo Social y Termalismo del IMSERSO para modernizarlos.

Reforzar los programas de turismo y termalismo del IMSERSO para personas mayores y con discapacidad.

Poner en marcha un programa de prevención e intervención frente al maltrato a las personas mayores en el ámbito institucional y doméstico.

Poner en marcha una estrategia nacional contra la soledad no deseada, coordinada con comunidades y ayuntamientos.

Establecer un plan de choque contra la soledad no deseada de los jóvenes.

Avanzar en la desinstitucionalización reduciendo los menores tutelados en centros residenciales, sobre todo los más pequeños, con medidas que faciliten el acogimiento familiar.

Crear un consejo audiovisual que vigile y sancione las intromisiones en el honor, la intimidad y la propia imagen de niños y adolescentes.

Crear una «herencia universal» de 20.000 € a los 23 años, financiada con un impuesto a las grandes fortunas.

Avanzar hacia una regulación estatal de las profesiones de la intervención social y considerar autoridad a los profesionales de los servicios sociales.

Impulsar una ley que declare esenciales los servicios sociales, haga de su acceso un derecho subjetivo, simplifique trámites y asegure su financiación.

Promover el voluntariado de mayores de 65 años, en especial el intergeneracional.

Completar los desarrollos normativos pendientes de la Ley del Voluntariado y promover planes o estrategias de voluntariado.

Recuperar la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso.

Reconocer por ley el derecho subjetivo a la Atención Temprana para niños y niñas de 0 a 6 años con un marco común acordado con las comunidades autónomas.

Añadir a los informes obligatorios de impacto en la familia un apartado sobre el impacto en las personas con discapacidad.

Regular etiquetados inclusivos y accesibles de bienes y productos, como el etiquetado en braille.