Modelo territorial

Reformar el sistema de financiación autonómica negociándolo con todas las comunidades, con un reparto equitativo y analizando la eliminación ordenada del FLA.

Aprobar en un plazo máximo de un año un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice recursos para sanidad, educación, dependencia y otros servicios.

Modificar la ley de financiación autonómica para igualar entre territorios los impuestos cedidos, en especial AJD e ITP.

Reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que resuelva los asuntos financieros de las comunidades autónomas y dotarlo de recursos técnicos.

Promover que las decisiones de carácter claramente territorial sean deliberadas y aprobadas por el Senado.

Aprobar una Ley de Cohesión Territorial con un marco común de cooperación entre administraciones en servicios esenciales, datos estadísticos y ordenación del territorio.

Unificar procesos y hacer interoperables los procedimientos de las administraciones mediante leyes de ordenación y coordinación, e impulsar la Alta Inspección del Estado.

Convocar la Conferencia de Presidentes y Presidentas al menos una vez al año para tratar los asuntos pendientes de autogobierno y cogobernanza.

Reformar la financiación local en coordinación con el nuevo modelo autonómico y ampliar la autonomía tributaria de las corporaciones locales.

Promover un Pacto por la Política Local centrado en las necesidades de las entidades locales.

Garantizar la participación de los municipios en los ingresos autonómicos, en línea con el informe de expertos de 2017 sobre la financiación local.

Señalizar, al menos en español, todas las carreteras y vías urbanas del territorio nacional.

Aprobar una Ley de Lenguas que reconozca la realidad plurilingüe de España, incluidas las lenguas no reconocidas como oficiales.

Delimitar con más precisión las competencias de cada administración para evitar solapamientos y duplicidades.

Proponer la devolución inmediata al Estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia, y limitar en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica.

Transferir las competencias de gestión de puertos y aeropuertos para que se gestionen de forma conjunta con las ciudades donde se encuentran.

Recuperar el delito de sedición y regular otras conductas de deslealtad institucional, como la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas.

Retirar las subvenciones e ilegalizar partidos, asociaciones u ONG que persigan la ruptura de la unidad territorial, consultando antes a la población.

Impulsar los espacios de negociación bilateral del Estatuto de Cataluña y los espacios multilaterales con funcionamiento regular.

Desarrollar indicadores públicos para comparar la eficacia de las distintas administraciones en la prestación de servicios.

Continuar la desconcentración de sedes de entidades públicas estatales y autonómicas mediante un procedimiento abierto y competitivo.

Cerrar los organismos autonómicos considerados estructuras paralelas del Estado, como consejos de juventud, defensores del pueblo, consejos consultivos o agencias meteorológicas.

Facilitar la participación de las comunidades autónomas en foros europeos como el Comité de las Regiones, bajo el liderazgo de la Administración General del Estado.

Pedir la eliminación de todos los organismos autonómicos y locales de acción exterior y de cooperación internacional.

Articular la presencia de las instituciones autonómicas en ciertos organismos estatales y en instancias de la UE.

Racionalizar la normativa autonómica y promover el reconocimiento mutuo de permisos y licencias en todo el territorio para reducir la fragmentación normativa.

Unificar la legislación sobre suelo, permisos, comercio, calidad, requisitos lingüísticos y atracción de inversión.

Diseñar un nuevo modelo de financiación para Ceuta y Melilla según sus necesidades singulares y atender las derivadas de la insularidad de Baleares y Canarias.

Suprimir todos los regímenes legales y fiscales específicos amparados en los derechos históricos.